El Ayuntamiento de Eivissa aprobó ayer, con el voto en contra del PP, una ordenanza para garantizar la conservación de las fachadas y tejados de los edificios del municipio. El objeto de esta ordenanza es, según apunta el concejal de Urbanismo, Joan Boned, asegurar el cumplimiento del deber de los propietarios de mantener los elementos exteriores de sus edificios en perfecto estado de conservación. Para ello, los inmuebles de más de 15 años deberán tener un certificado de seguridad, emitido por un técnico competente, que acredite el estado de conservación y de seguridad de los elementos exteriores de los edificios que den a la vía pública o puedan afectar a terceros.
El incumplimiento de esta ordenanza se penalizará con sanciones económicas que pueden ir de 450 euros al 10-20 por ciento del coste de la reforma prevista. Esta última en el caso de que el propietario se niegue a acometer el proyecto de obra indicado por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad y conservación del edificio. Los inmuebles que tengan más de 100 años de antigüedad tienen un plazo de un año para obtener el certificado de garantía, mientras que los que están por encima de 50, dos años, y los que están por debajo, seis años. Boned reconoció que al Ayuntamiento le preocupa el estado la fachada marítima. «Vamos a invertir tiempo y dinero para solventar este problema», señaló.
Por su parte, el PP pidió la retirada de la normativa y la redacción de otra. «No es el instrumento más adecuado y supone un gasto a los propietarios, que, además, es insuficiente para garantizar la seguridad», señaló la portavoz de la oposición, Virtudes Marí. El PP, según anunció Marí, presentará alegaciones en contra de la nueva normativa ya que entiende que técnicamente para garantizar la seguridad del edificio no puede separarse la fachada y la cubierta del resto del edificio. «Es insuficiente. Hay que analizar el conjunto. Si la idea es mantener las fachadas, éste no es el instrumento más adecuado para ello», advirtió la portavoz de los populares.
Por otro lado, el Pacte rechazó las alegaciones presentadas por el PP en contra de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para licencias de autotaxis. En ésta, el Ayuntamiento prevé el cobro de 56.000 euros (casi 9'5 millones de pesetas) por la concesión de una licencia de taxi, que se reembolsarán cuando el titular no quiera seguir explotando la licencia. El PP considera que el Ayuntamiento está confundiendo la tasa con una fianza y, por ello, pidió la redacción de un informe jurídico, algo a lo que se negó tajantemente el concejal de Gobernació, Pedro Campillo. «Es innecesario y, asemás, retrasaría su puesta en marcha», justificó.