El pleno aprobó ayer, con los votos a favor del grupo progresista y mixto, tanto el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Formentera para que el Consell se haga cargo de la construcción de la planta de transferencia de basuras, como el expediente de contratación para adjudicar la redacción de los proyectos, la construcción y puesta en marcha y explotación de unas instalaciones de tratamiento integral de residuos sólidos urbanos y el acondicionamiento del vertedero de Ca na Putxa.
El PP se abstuvo en el caso del convenio y votó en contra del expediente de adjudicación. Los dos grupos de la oposición presentaron decenas de enmiendas, entre las que se acordó por unanimidad aprobar una, que partió del grupo mixto, por la que sólo se admitirá la participación en el concurso de las sociedades que acrediten «clasificación suficiente en el Grupo S, de servicios de tratamiento de residuos». Ese texto sustituyó a otro que permitía participar tanto a las empresas dedicadas a obras como a servicios. Pero con el nuevo texto quedan excluidas las que no tienen en estos momentos calificación para tratar residuos, como, según se asegura desde la consellera de Medi Ambient, Herbusa, pese a que se ha ocupado del basurero "de su propiedad" durante las últimas cuatro décadas.
La presidenta del Consell, Pilar Costa, advirtió de que las mociones aprobadas deberán pasar la revisión de los servicios jurídicos, pues algunas aparentemente son impugnables si se incluyen en el texto del concurso. Según una de ellas, propuesta por el PP, los operarios que fueran despedidos si Herbusa pierde el control de Ca na Putxa deberían tener «preferencia» a la hora de crearse la nueva plantilla de la empresa adjudicataria, aunque no trabajasen en el vertedero. Una cláusula del pliego de condiciones ya recoge que la empresa que consiga la gestión deberá subrogarse la actual plantilla de esa instalación, compuesta por una decena de personas.