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Los compradores de la «Tras» deberán reducir rutas si hay posición de dominio

La SEPI adjudicó la naviera a un consorcio de Acciona, la CAM y las navieras Matutes, Aznar y Armas.

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El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ignacio Ruiz-Jarabo, dijo ayer que si el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) encuentra posiciones de dominio derivadas de la venta de Trasmediterránea, serán los compradores los que tendrán que reducir sus rutas. Ruiz-Jarabo, que intervino en una jornada sobre los consorcios empresariales europeos, organizada por Nuevo Lunes y la SEPI, explicó que la solución ante posibles problemas de competencia «estaba prevista en el contrato de venta» de la naviera pública. La SEPI adjudicó Trasmediterránea a finales de julio a un consorcio integrado por la constructora Acciona, la Caja de Ahorros del Mediterráneo y las navieras Matutes, Aznar y Armas.

«Si finalmente la resolución del TDC se concreta en que existe posición de dominio, habrá que aplicar las previsiones contractuales. Serán las empresas compradoras las que, en su caso, reduzcan rutas, frecuencias o desinviertan», indicó Ruiz-Jarabo. Según fuentes del sector consultadas por EFE, la integración de Trasmediterránea y de las navieras adjudicatarias podría generar problemas de competencia en algunas rutas de Balears y Canarias.

De hecho, el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) ha decidido remitir el expediente de la operación al TDC. El presidente de la SEPI aseguró que el proceso de privatización de Trasmediterránea «no tiene porqué retrasarse», porque el envío del expediente al TDC «era algo probable y que estaba previsto». Ruiz-Jarabo adelantó que el dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) estará listo en breve, por lo que «no hay razón para que se alteren los calendarios».

Sobre la venta de las participaciones residuales que la SEPI mantiene en algunas empresas privatizadas, Ruiz-Jarabo dijo que «no es momento de desinvertir», dada la situación de los mercados y teniendo en cuenta que el grupo público no tiene problemas de liquidez.

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