J.J.SERRA.
Después de casi 20 años de autonomía, Balears cuenta ya con su
primera legislación estrictamente ambiental. El Consell de Govern
aprobó ayer el proyecto de Ley de Conservación de la Biodiversidad,
una norma que pretende convertir las Islas es un «modelo» en la
conservación integral de la naturaleza y que es totalmente
«compatible y coherente» con los planes territoriales que tramitan
los consells. La aprobación del proyecto de ley, de la Conselleria
de Medi Ambient, se produce después de un prolongado tira y afloja
de año y medio entre Els Verds (partido de la consellera Margalida
Rosselló), por un lado, y UM y el PSIB-PSOE, por otro.
El portavoz del Govern, Antoni Garcies, precisó que la ley establece un marco jurídico para la protección de la biodiversidad, pero son los consells, a través de sus planificaciones, los que deciden dónde y cómo se plasman en el territorio las medidas y figuras de protección propuestas. Basado en textos internacionales y en la normativa comunitaria, el proyecto de ley prevé, como aspecto destacado, la creación de tres nuevas categorías de protección de espacios naturales: zonas de interés balear, de interés insular y los corredores ecológicos protegidos, que resumen las figuras estatales y europeas de protección, y se adaptan a la ordenación y necesidades de Balears.
Asimismo, y dentro de este mismo apartado, permite redefinir la red balear de espacios naturales protegidos, creada en 1999 con las Directrices de Ordenación del Territorio, y la declaración y desclasificación de estas áreas. En materia de protección de especies y hábitats protegidos, el proyecto de ley, que ahora será remitido al Parlament, posibilita la elaboración de un catálogo de especies de interés balear como complemento al catálogo estatal de especies amenazadas, así como la regulación de un sistema que permita adoptar las medidas de conservación que sean necesarias. La Ley de Biodiversidad introduce también como novedad importante la puesta en marcha de un Fons Balear de Conservació, «que facilita la financiación de la aplicación y seguimiento de la norma y establece un régimen general de infracciones y sanciones en materia de conservación de la naturaleza».
Ello permite que, «por primera vez, la Administración ambiental de Baleares cuente con un instrumento legal para la potestad inspectora y sancionadora». Por otro lado, y dada su vocación «integradora», la norma permite regular la gestión de otros sectores que inciden directamente en la conservación: aguas, bosques, caza, pesca, actividades recreativas y turísticas, y el patrimonio natural. En lo que refiere a las actividades cinegéticas, la ley añade a la implantación de un examen del cazador y a la distinción entre especies que se pueden cazar, la concreción de los derechos y deberes de los cazadores.