La antena de telefonía móvil que se alza a escasos metros del colegio público de Sant Joan tiene las horas contadas. Los trabajos para desmantelar la torre de telecomunicaciones de Telefónica ya han comenzado. Esta es la primera antena de telefonía móvil de las Pitiüses que se retira en base a la ordenanza aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Sant Joan. El Consistorio aprobó sin recibir una sola reclamación la primera ordenanza de las Pitiüses que regula la instalación de estas infraestructuras en el municipio. Con esta normativa en mano, el Ayuntamiento ordenará el desmantelamiento de las torres que se instalaron sin la correspondiente licencia de obras y actividad, que son la mayoría y entre las que se incluye la cercana al colegio de Sant Joan, de Telefónica.
Cuando se aprobó la ordenanza a mediados del pasado mes de julio, se abrió un plazo de seis meses para que las antenas instaladas sin permiso se trasladasen a las zonas que marca la normativa, preferentemente en suelo no urbanizable y alejadas de las áreas habitadas. La instalación de nuevas antenas precisan ahora de la correspondiente licencia municipal de obras y actividad y las que se ubiquen en suelo no urbano requieren, además, la declaración de interés general por parte del Consell Insular.
La normativa municipal de Sant Joan se adapta perfectamente a la de ámbito insular del Consell Insular, pendiente aún de aprobación definitiva. Los vecinos y padres de alumnos del colegio de Sant Joan reivindicaron en mayo del año pasado la retirada de la controvertida antena. Para ello, llegaron a reunir 315 firmas. Telefónica comunicó entonces al Ayuntamiento de Sant Joan su disposición a trasladar la torre a otro lugar, sin coste alguno. Eso sí, el Consistorio debía decidir dónde podía reubicarla.
Antes de que se aprobara la ordenanza, el equipo de gobierno solicitó a la dirección general de Tecnología e Innovación, dependiente de la Conselleria de Innovación y Energía del Govern, una medición de las emisiones electromagnéticas de la antena para averiguar si éstas superaban el umbral establecido por ley. Según el estudio del Govern balear, las emisiones no sólo no superaban el mínimo permitido, sino que estaban muy por debajo del mismo.