El interventor del Ayuntamiento de Eivissa declaró ayer ante el pleno que el hecho de que Roque López cobre comisiones de las pólizas que tramitó durante su etapa como mediador de seguros de Catalana Occidente, anterior, según el edil, al 30 de junio de 1999, no es incompatible con su dedicación exclusiva en el Consistorio. «Por lo que me consta, no incumple ninguna norma de incompatibilidad», aseguró. Después de un largo pleno de casi tres horas, cuando el equipo de gobierno y la oposición estaban a punto de abandonar la sala, el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, para sorpresa de todos, instó al interventor a que hiciera una valoración de la supuesta incompatibilidad de la dedicación exclusiva del concejal con el cobro de las comisiones, tal y como solicitó un día antes la oposición.
«Después de tanto revuelo [el PP denunció que López ejerce de agente de seguros pese a tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento], pensaba que la oposición sacaría hoy [por ayer] el tema. Pero como nadie ha abierto la boca, le pido al interventor que nos haga una valoración», lanzó Tarrés. El alcalde encargó después al interventor un informe por escrito de si el cobro de comisiones es o no incompatible con su cargo y advirtió, con un enérgico tono de voz, que cada uno debe asumir su responsabilidad en el asunto. «Si el regidor no ha actuado correctamente, asumirá las consecuencias. Lo mismo la oposición si no rectifica. Haré que se cumpla», espetó el primer edil.
El pleno, por otra parte, aprobó ayer con la abstención del Pacte la compra de un inmueble en el barrio de Can Escandell para reconvertirlo en una biblioteca de la red del Consell Insular. Para ello, el Ayuntamiento destinará 108.000 euros de la partida prevista para la reforma del edificio de Sa Peixateria, ya que este proyecto no es de ejecución inminente. El PP calificó esta decisión de «electoralista», por lo que se abstuvo en la votación.
El equipo de gobierno tumbó la propuesta de acuerdo del PP para soterrar los «nuevos contenedores de recogida de basura del casco antiguo de la ciudad». El edil de Urbanismo, Joan Boned, tachó de «vergonzosa» la propuesta defendida por Antoni Prats («No sé si la ha redactado usted o se la han hecho firmar», cuestionó Boned), dado de que la única zona de la ciudad donde no se distribuyeron los nuevos receptáculos fue en el casco antiguo «por la estrechez de sus calles y las dificultades que entraña su recogida». «Debería haberse dado una vuelta por el barrio antes de escribir la moción», le recriminó Boned. Asimismo, Boned informó a Prats que el Consorcio Patrimonio de la Humanidad tiene una partida prevista para instalar 12 contenedores subterráneos en Dalt Vila y 10 en el barrio de la Marina.
El equipo de gobierno aprobó, con la abstención del PP, un suplemento de crédito de 636.000 euros, financiado con el remanente del presupuesto, para acometer el mantenimiento de los edificios de las escuelas, la compra de inmuebles y, entre otras cosas, reparación y conservación de jardines.