PALMA. EFE.
El juez instructor del «caso Formentera» en el Tribunal Superior de
Justicia de Baleares, Antonio Monserrat, dictó hoy un auto en el
que archiva nuevamente el «caso Formentera», en el que se investiga
la supuesta utilización de dinero público para captar votos de
emigrantes isleños en Sudamérica.
El auto decreta el archivo del grueso de las actuaciones, tal y como hizo en su escrito anterior del mes de marzo, y pide que se deduzca testimonio a varios particulares por otro presunto delito. Monserrat ya decretó el archivo del caso el pasado mes de marzo, aunque la Sala de lo Civil y Penal del TSJB ordenó después su reapertura y remisión al Tribunal Supremo (TS), para llamar a declarar al ministro de Medio Ambiente y ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, y a la actual diputada nacional del PP y ex consejera de Presidencia, Rosa Estarás.
El pasado mes de octubre, el TS devolvió el caso a los tribunales de Baleares, al considerar que «no ha lugar por ahora a iniciar procedimiento contra Matas ni Estarás». Antonio Monserrat dedica la mayor parte de los diez folios del auto a constatar que no existe delito electoral en la inscripción de 74 emigrantes de Baleares en Rosario (Argentina) y se limita a repetir que «no puede hablarse de delito de malversación sin que, previamente, haya delito electoral».
En los razonamientos jurídicos, el juez señala que, una vez devuelto el caso del TS, procedía a investigar aquellos puntos que pudieran dar lugar a dudas y sospechas sobre la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de Formentera de 74 emigrantes baleares en Argentina. Para ello, recuerda que ordenó el secreto del sumario y que practicó las pruebas pertinentes, que, desde su punto de vista, han permitido demostrar que la inscripción de estas 74 personas obedecía en su mayor parte al deseo de adquirir una vivienda en Formentera, dentro del llamado proyecto «Casa del emigrante balear santafesino».
También quedó aclarada «la ausencia de influencia externa que se hubiera ejercido por enviados o personajes del entonces Govern balear», sobre todo «contando con las unánimes declaraciones de los electores argentinos, que descartaron rotundamente cualquier tipo de presión y hasta de sugerencia», añade el escrito judicial. «Desde la perspectiva argentina, no creo que existan tantas diferencias entre las islas que componen las Baleares», asegura Monserrat, quien considera que, en todo caso, «del coincidente deseo de determinadas personas residentes en el extranjero de inscribirse en un determinado lugar, no parece que pueda desprenderse derivación penal de ninguna clase».
El magistrado indica, igualmente, que los supuestos cambios de domicilio electoral que se habrían producido una vez convocadas las elecciones no han resultado tales, según se desprende de sus investigaciones en la Oficina del Censo Electoral. Aunque admite que puede haber «dudas, sospechas, conjeturas y suposiciones», que Monserrat achaca al sistema electoral español «sumamente deficiente en su conjunto», precisa que, a su entender, «no alcanzan la categoría suficiente para deducir la existencia de un delito sobre bases objetivas, fundadas y comprobadas». En su opinión, «para hablar de un delito electoral ha de tratarse de infracciones dolosas de los funcionarios públicos y de los particulares que participen», lo que exigiría «una confabulación criminal entre los electores argentinos, los funcionarios del Consulado de Rosario y los funcionarios de la Oficina del Censo Electoral en Baleares». «Sin contar -añade- con los necesarios inductores y organizadores, entre los que habría que contar al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Economía y Hacienda y al Govern balear de entonces, todo lo que exige un esfuerzo de imaginación inaceptable».
También profundiza el auto en la contratación de María de la Pau Segura -una de las coautoras, junto con su padre, Miquel, de los supuestos informes sobre posibilidades de captación de votos para el PP balear entre los emigrantes en Sudamérica- y en los viajes que realizó a Latinoamérica. Así, decide que se investigue la supuesta falsa entrevista realizada para contratar a María de la Pau Segura y que se tome testimonio a la ex directora general de Promoción Industrial, Rosa Grijalba; del ex jefe del Servicio de Promoción Industrial, Angel Gallego, y del técnico de Promoción Industrial Joan Fortuny.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha investigado varios supuestos delitos relacionados con la presunta utilización de fondos públicos por parte del anterior Gobierno balear, presidido por Matas, para captar el voto de emigrantes de Baleares en Sudamérica en favor del PP en las elecciones autonómicas de 1999.