La batalla judicial en el «caso Formentera» continuará. El PSIB-PSOE y EU, como acusación particular en la causa, confirmaron que recurrirán la decisión de su archivo y manifestaron que «no nos extraña» el contenido del auto dictado por el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia, Antoni Monserrat. Ambos partidos criticaron ayer al magistrado porque en el auto por el que archiva el «caso Formentera» ni «investiga» ni «instruye», sino que «sentencia de manera absolutoria hacia una parte», en alusión a los supuestos implicados, por lo que «esto no es la función de juez instructor».
Ambos partidos recurrirán el archivo de esta causa en la que se investiga la supuesta utilización irregular de fondos públicos por parte del anterior Govern del PP, con el propósito de captar votos en Argentina con ocasión de las elecciones autonómicas de 1999. «Nos indignan los argumentos que emplea con mucha frivolidad un miembro de la magistratura», afirmó durante una rueda de prensa el secretario de Organización del PSIB-PSOE, Salvador Cánoves, que recordó que existen informes en los que se explica la «trama» de captación de votos de emigrantes argentinos, de los que hasta 74 se inscribieron en la isla de Formentera, aunque sólo uno tenía relación con esta isla de Balears.
En concreto, Cánoves lamentó que el juez escriba que es de «un esfuerzo de imaginación inaceptable» que pudiera existir una confabulación entre electores argentinos, funcionarios del Consulado de Rosario (Argentina) y funcionarios del Censo Electoral de Balears, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Govern balear presidido por el PP. «La función de un juez instructor -mantuvo Cánoves- es intentar averiguar la verdad y si cree que hay indicios de delito, debe solicitar que se abra juicio para aclarar la verdad de lo que sucedió».
Aunque el propio juez afirma que existen «irregularidades, no las investiga», sino que «exculpa toda una trama delictiva porque dice que es increíble; esto es una frivolidad», insistió el político socialista. Mientras tanto, el portavoz adjunto de EU en Balears, David Abril, recordó que cuando el TS remitió la causa al TSJB «reconocía» la existencia de «bastantes indicios de delito» electoral y de empleo del dinero público para tal fin, por lo que se debía recabar más pruebas, aunque exculpaba al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y a la diputada Rosa Estarás.
«¿De quién se ríe este hombre?», se preguntó Abril respecto al magistrado Monserrat, cuyos argumentos son «ridículos», por lo que la «obligación» de la acusación particular presentar un recurso. El auto es «una auténtica burla a lo que podemos entender cuando buscamos en el diccionario la palabra Justicia», e incluso «deberíamos plantearnos una denuncia por malversación» contra el juez.