El Consell Insular aprobó ayer en pleno, con el voto a favor del equipo de gobierno y el Grupo Mixto y la abstención del PP, interponer un recurso contencioso administrativo en contra de los acuerdos del Ayuntamiento de Sant Josep por los cuales concedió dos licencias de obra para urbanizar sa Punta Pedrera, que, según el informe jurídico que avala la propuesta, son nulas de pleno derecho.
El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) fue quién denunció ante el Consell Insular que el sector donde se proyecta desarrollar estos dos proyectos urbanísticos está afectado por la Norma Territorial Cautelar, aprobada definitivamente el 27 de octubre de 2000. El Ayuntamiento, por su parte, aprobó los permisos de obra en Comisión de Gobierno del 19 de abril de 2001 y 11 de julio de 2001.
El primero de los proyectos ya se está desarrollando y se trata de la construcción de 39 estudios de vivienda unifamiliar. El otro permiso es para edificar 122 viviendas adosadas y un almacén. El pleno también aprobó, a petición del conseller del Grupo Mixto, Joan Buades, instar al alcalde de Sant Josep a que ordene la paralización inmediata de las obras: «A lo mejor dentro de cinco años se gana el recurso, pero las urbanizaciones ya estarán construidas. No cuesta nada pedir al alcalde el precinto de las obras.Tampoco cuesta nada que el pleno pida al juez que suspenda los efectos de las licencias».
Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad la moción presentada por el PP para pedir al Govern que haga las gestiones necesarias para que la sede oficial del podenco ibicenco esté en la isla y no en El Grao (Castellón). El vicepresidente del Consell, Vicent Tur, aprobó la propuesta, pero, eso sí, la calificó de «oportunista» («oportuna» para el popular Marí Tur). De todos modos, Vicent Tur, subrayó que el Consell Insular ya está trabajando para conseguir que la sede se fije en Eivissa.