Hacer realidad una «reivindicación histórica». Este es el objetivo de la aprobación de la obligatoriedad del uso del taxímetro en los vehículos de Eivissa, medida que se tomará en el pleno del próximo viernes. La implantación de los aparatos se irá realizando hasta completar el total de la flota -de 112 vehículos- a mediados de febrero de 2003. Cada uno de los aparatos cuesta 900 euros, por lo que la operación supondrá un global de 109.800 euros (18'2 millones de pesetas). El Consistorio de Eivissa prevé gestionar subvenciones para que los propietarios de licencias y vehículos no desembolsen toda la cantidad.
El teniente de alcalde, Pedro Campillo, explicó ayer estas novedades al final de la reunión de la mesa del taxi de Eivissa, en la que participaron todos los sectores implicados e interesados. El presidente de la asociación de taxistas autónomos, Joan Marí Riera; el representante de los asalariados, Francisco Ribas; el inspector jefe de la Policía Local, Manuel Ayala; el portavoz de la Unión de Consumidores, Carlos Salinas, además del concejal del Partido Popular, Vicente Serra, tomaron parte, entre otros, de la reunión. El concejal popular remarcó que el taxímetro es una idea que se pensaba materializar en la etapa en la que el PP ocupaba la alcaldía pero que entonces se toparon con problemas externos.
Otra novedad que se implantará el año próximo es el derecho de los taxistas a pedir una excedencia y dejar de ejercer su actividad por una temporada sin perder derechos laborales. Además se regulará el nivel de calidad de los coches, de forma que se marquen unos mínimos de calidad (aire acondicionado o tamaño) para que un cliente que paga lo mismo que otro no se encuentre con un vehículo mucho peor. Tampoco se podrá fumar dentro de los coches del municipio. Un punto que ha abierto la polémica entre empresarios y asalariados del taxi en Eivissa es el tema de la concesión de licencias temporales para atender el aumento de demanda que se produce en los meses punta de la temporada alta.