El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni, del PP, llevó ayer su proyecto de presupuestos al pleno extraordinario sin saber si contaría con el apoyo de los dos concejales de Democràcia Pitiusa (DP), José Torres y Vicent Marí Prats, y dando por descontado que el Pacte votaría en contra. Pero antes de que el concejal de Hacienda, Juan Riera Torres, Estret, detallara esas cuentas «serias y reales» por valor de 11,5 millones de euros, los ediles centristas de DP presentaron una oferta al alcalde, Antoni Marí Tur, Botja: apoyarían las cuentas siempre y cuando se incluyeran en ellas o se garantizase la ejecución de una lista de 22 proyectos, 18 de los cuales proceden de los presupuestos municipales de los años 2000, 2001 y 2002 y siguen pendientes.
Vicent Marí Prats y Antoni Marí Tur mantuvieron un pulso de una hora en el que el primero no cedió en su pretensión de aplazar la aprobación de las cuentas hasta que se garantizase la incorporación de esos proyectos, aunque sea a cargo del remanente, y el segundo insistió primero en forzar la aprobación para después, tras comprobar que el portavoz de DP no cedía ni admitía como garantía su palabra de que una vez se liquiden los presupuestos de 2002 el remanente será empleado para esas partidas, aceptar el aplazamiento de la sesión.
Ambos grupos se han dado una semana de plazo para entenderse y evitar que el pleno se convierta de nuevo en una mesa de negociación con la prensa y los progresistas como espectadores de un diálogo a veces ininteligible por el uso de guiños referentes a pasados y frustrados pactos. Según dijo el alcalde durante la sesión, el 90 por ciento de las partidas que DP propone incluir o están en trámite o ya se han incorporado, cosa que niegan los centristas.
Las cuentas preparadas por los populares no incluyen «ni un céntimo de endeudamiento» «ni ningún capricho», según explicó el edil de Hacienda, pues el equipo de Gobierno «no cree que sea serio ni ético en época electoral» dejar un legado de deudas a quienes reciban el testigo. Dos partidas distorsionan estas cuentas: la limpieza, que pasa de 1,74 millones de euros a 2,23 millones de euros, y la gestión de la piscina, que cuesta nada menos que 0,45 millones.