Existir no existe, pero haberlo haylo. Las Pitiüses tienen defensor del ciudadano desde que en noviembre de 2001 se aprobaba en pleno la creación de esa figura, una iniciativa planteada por el conseller del grupo mixto, Joan Buades, que contó con el apoyo de todos los grupos. El 21 de diciembre de ese año se aprobaba en sesión ordinaria el reglamento de organización y funcionamiento, que cuatro meses más tarde, el 17 de abril, entraba en vigor, tras ser publicado en el BOIB.
Tenemos reglamento, tenemos defensor, pero no tenemos quien lo encarne. Los grupos políticos se pusieron de acuerdo, cosa rara en ellos, a la hora de elegir el vehículo para que los ibicencos puedan plantear sus quejas ante la administración, pero desde entonces, y ya hace un año, no se han vuelto a sentar juntos para decidir quién lo conducirá. Quien encarne esa figura necesitará el apoyo de dos terceras partes del pleno, lo que significa que el Pacte precisa, como mínimo, el apoyo del grupo popular, aunque lo ideal en estos casos es que se decida por unanimidad.
El conseller popular y candidato a la presidencia, Pere Palau, asegura que desde que se tomó la decisión de que las Pitiüses tuvieran defensor del ciudadano nadie les ha convocado para tratar este asunto. Palau considera que es el equipo de Gobierno, del Pacte, el que tiene la pelota en su tejado y el que debe, pues, preocuparse de camelarles para lograr el apoyo necesario.
El vicepresidente del Consell, Vicent Tur, asegura que si hasta el momento no se ha producido reunión alguna para dar vida a esa figura no es por la tensión existente entre ambos grupos, sino porque se ha dado «preferencia» a dotar de medios la oficina de atención al ciudadano.
La inminente campaña electoral y otros asuntos de importancia que se avecinan hacen prever que no habrá ombudsman hasta pasado el 25 de mayo.