El próximo 27 de enero se cumplen dos años del desplome del edificio de Viajes Barceló, un hecho que afectó seriamente a un edifico colindante, habitado por ocho familias que permanecen desalojadas desde entonces. El edificio que ocupaban quedó en un estado inhabitable, con graves daños estructurales.
El juicio contra Viajes Barceló y la constructora Saguri, que en aquel momento realizaba unas obras de reforma en el edificio, todavía no se ha celebrado. El proceso continúa en fase de instrucción, según ha señalado un portavoz autorizado por una parte de los vecinos afectados. En la actualidad están pendientes de la realización de unas pruebas de laboratorio de los materiales de la obras para dilucidar cuáles son las causas reales del siniestro.
El caso se ha visto alargado hasta lo increíble por la «falta de colaboración» y «trabas» que han puesto las empresas implicadas, según asegura el portavoz de una parte de los vecinos afectados.
Actualmente hay dos frentes diferentes de lucha dado que Juan Manuel Miranda y Juan José Peciña, dos de los ocho vecinos desalojados, decidieron separarse del grueso y optaron por un abogado diferente. Estos dos vecinos se encerraron en el edificio afectado en abril del año pasado a modo de protesta. Juan Manuel Miranda, en el segundo aniversario del derrumbe de Barceló, se muestra «cansado de esperar» aunque asegura que no cesarán hasta conseguir demostrar la culpabilidad de las dos empresas implicadas y obtener algún tipo de indemnización.
Los dos grupos de vecinos afectados coinciden en criticar el poco apoyo que han recibido por parte del Ayuntamiento de Eivissa, en especial de Servicios Sociales. Los dos vecinos que se encerraron en abril abandonaron esta medida de protesta porque el Ayuntamiento de Eivissa se comprometió a echarles una mano en lo posible. «Por lo menos para poder afrontar el incremento de gastos inesperado» al ser «echados literalmente de sus domicilios por un accidente que nada tenía que ver con ellos», señalan.
Las ayudas no han llegado y los propietarios de viviendas se sienten «desprotegidos por todos los lados». No comprenden por qué otros colectivos reciben ayudas y ellos, que son contribuyentes, no las obtienen.