El Govern dedicará parte del dinero de la ecotasa a detectar y controlar la oferta de alojamiento ilegal y erradicar el fraude en el cobro del impuesto sobre pernoctaciones en alojamientos turísticos. Los Presupuestos Generales de la CAIB para 2003, contemplan una recaudación de ingresos por la ecotasa de 42 millones de euros y unos gastos de 39 millones de euros en inversiones, «los tres millones de euros, restantes van destinados a financiar el presupuesto general de la CAIB porque hay gastos nuevos derivados de la aplicación del nuevo impuesto.
Estos gastos comunes y generales del cobro de la ecotasa vienen motivados por la propia inspección del tributo y la gestión global del impuesto. Inspección del tributo que es realizada por las consellerias d'Hisenda y Turisme para comprobar si hay o no fraude en el pago del mismo por parte de los sujetos pasivos, así como para detectar oferta de alojamiento que no lo tributa, reglada o no reglada», explica el director general de Pressuposts del Ejecutivo autonómico, Cristòfol Milán.
La Conselleria d'Hisenda y Pressuposts indica que no se imcumple la ley sobre el impuesto turístico: «No hay una partida de control de la ecotasa, sino que se destinan a los presupuestos generales una cantidad porque se han generado gastos nuevos por la aplicación de un impuesto, caso del incremento de inspectores y otras funciones propias de la gestión de un tributo. El dinero recaudado por la ecotasa va al Fondo de Rehabilitación de Espacios Turísticos, que es el que fija las inversiones a realizar. La recaudación global del impuesto variará dependiendo de los ingresos que se generen», añade Milán.
La misma fuente puntualiza que la Conselleria de Turisme pone en conocimiento de la Conselleria d'Hisenda toda la oferta de alojamiento ilegal detectada para comprobar si hay o no fraude fiscal, información que luego es traspasada a la Agencia Tributaria para que haga lo propio. Hisenda, en este sentido, controla el fraude sobre los tributos cedidos, caso del impuesto sobre el canon de saneamiento o el impuesto turístico, que se aplica desde el uno de mayo de 2002.