El alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, defendió ayer ante la jueza del juzgado de primera instancia e instrucción número tres de Eivissa que él no intervino en la adjudicación de una licencia para la obra ilegal en el Puig de sa Rota, en cuyo proyecto actuaba como director de obra. Marí Tur, que entró en el despacho de la jueza pocos minutos después de las 13 horas, prestó declaración durante media hora.
El alcalde aclaró después que la jueza le imputó por el hecho de que participó en la comisión que aprobó el proyecto de ejecución de la obra, aunque tenía intereses particulares. «En esta comisión no se vota una licencia, sino que se da cuenta de un proyecto de ejecución y se liquidan unas tasas, un trámite que, además, no tiene por qué pasar por la Comisión de Gobierno», justificó Marí Tur ante la jueza, según él mismo explicó. La Comisión de Gobierno aprobó la concesión de la licencia (el alcalde en este caso se abstuvo) el 25 de junio de 1999.
La jueza, según el primer edil, no le preguntó nada sobre el problema urbanístico, sino que sólo se interesó por su participación en la Comisión del proyecto de ejecución. El Ayuntamiento presentó después, a raíz de las denuncias del Grupo Verde Europeo, un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma para anular la licencia. «No se ha hablado para nada del problema urbanístico, sino de mi participación en una acto en el que podía tener intereses particulares ya que yo era el aparejador de la obra», insistió.
El alcalde de Sant Antoni subrayó, por otra parte, que su actividad como alcalde no es incompatible con el ejercicio de su profesión: «Puedo intervenir en actividades privadas. Tengo informes del Consell y de juristas que lo aprueban. Así lo he hecho toda la vida». El aparejador municipal, Miguel Angel Martín Miralles, también declaró como imputado, pero sólo dijo: «La jueza dirá si ha habido alguna ilegalidad».