La consellera de Medi Ambient del Govern balear, Margalida Rosselló, celebra la decisión de la Comisión Europea de abrir un expediente de infracción en contra del Gobierno español por la regeneración artificial de las playas ibicencas de Aigua Blanca, es Figueral y s'Arenal. «Esta decisión nos da la razón y avala nuestra posición de que el Ministerio de Medio Ambiente no actuó de forma correcta», indicó Rosselló ayer a este periódico.
La consellera recordó que el Govern balear mantiene abierto un contencioso administrativo por la obra llevada a cabo por la dirección general de Costas, que, en el caso de Eivissa, se realizó sin el correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental. «Es un trámite indispensable para llevar a cabo cualquier tipo de actuación», subrayó Rosselló.
La dirección general de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, infringió al parecer la Directiva Comunitaria de Impacto Ambiental en las obras de dragado y vertido de arena en las playas ibicencas. Costas llevó a cabo la regeneración artificial de las tres playas ibicencas sin el correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental ya que a su entender, según publicó en el boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de abril del año pasado, no era necesario.
La responsable del departamento legal de Adena, Rita Rodríguez, indicó ayer a este periódico que tanto la Directiva de Hábitats como la Directiva Comunitaria de Impacto Ambiental deben «cumplirse aunque las obras se ejecuten por la vía de urgencia». Adena presentó una denuncia ante la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea por la reposición artificial de arena en la costa de Balears y Alicante. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente deberá dar una explicación convincente ante la Comisión Europea, que después emitirá un dictamen motivado. Este puede obligar al Gobierno a pagar una sanción o incluso a reparar los daños ocasionados por la extracción y deposición de arena.