El Govern balear ha cuantificado en 45 millones de euros el traspaso de las competencias de justicia a la Comunitat Autònoma, según un informe realizado por la Conselleria de Presidència. El Ministerio de Administraciones Públicas había tasado las competencias en 25 millones de euros, según informó Diari de Balears, una cantidad que ha sido considerada insuficiente por Presidència a la espera de que Madrid presente una segunda valoración. El Govern cree que la valoración del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) no ha contemplado las singularidades de la Comunitat Autònoma. Es decir, se reparte el gasto que tiene el Estado en todos los juzgados no traspasados a partes iguales y posteriormente se ha multiplicado por el número de órganos que existen en Balears.
El Govern entiende que la propuesta inicial del Ministerio de Administraciones Públicas contempla mínimas inversiones en obras y no prevé que Balears necesita nuevas infraestructuras. En concreto, el Ejecutivo reclama nuevas dependencias para Fiscalía, para la Audiencia Provincial y la construcción de, al menos, un juzgado de instrucción más para Palma. El Ejecutivo solicita también otro juzgado para Inca y nuevas dependencias judiciales para Manacor, Maó y Eivissa. Según el Govern, todos las inversiones son necesarias y no están incluidas en las previsiones del Ministerio de Administraciones Públicas, que traspasaría 900 funcionarios a la Comunitat Autònoma.
Además, según el Govern, en la valoración de Madrid no están previstas las inversiones, tanto en inmuebles como en personal, derivadas de la entrada en vigor de las recientes modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Madrid tampoco tiene en cuenta las inversiones necesarias para la creación del partido judicial de Calvià. Por este motivo, el Govern exige «15 o 20 millones más de euros».