OLGA QUINTANILLA-MADRID
Todos los grupos políticos coincidieron en la necesidad de establecer la obligatoriedad de servicio público en las rutas que enlazan Balears con la península así como en las interinsulares, consenso que no se hizo extenso a los «plazos y medidas». El senador del PP por Menorca, José Seguí hizo alarde del gasto destinado a subvenciones en Balears, así como a la «excelente acogida» que tuvo en 1998 el descuento del 33 por ciento en los billetes «que al final no supuso ninguna ventaja para los isleños que vieron cómo las compañías aéreas aprovecharon para subir las tarifas».
Seguí tachó de «incompleta» la petición del Govern que solicitaba una declaración parcial de rutas de servicio público en las Islas y aprovechó para pedir la constitución de una comisión mixta para tratar las tarifas máximas y traslados urgentes de determinados colectivos. El Grupo Mixto, representado por Manuel Cámara, recordó que la obligación de iniciar las negociaciones para alcanzar dicha obligatoriedad ya se aprobó en 1997
El PP no quiso incorporar a su texto una enmienda de este grupo en la que proponía añadir «de común acuerdo con el Govern balear» así como «en la singularidad insular reconocida por la propia Constitución española». Los socialistas a través de su portavoz, Ramón Socías, apostaron en su enmienda por «garantizar las frecuencias y establecer el control de las tarifas, de acuerdo con las repetidas peticiones hechas desde el Govern», y en concreto por «las frecuencias interinsulares y las conexiones entre Menorca y Eivissa con la península» en el plazo de tres meses.