Los argumentos que respaldaron la decisión del consistorio fueron muy similares a los que la administración municipal esgrimió en su momento en las alegaciones presentadas al Consell y en las tesis empleadas para recurrir la norma territorial cautelar del 27 de octubre del 2000. Una demanda que recientemente denegó el TSJB. El primer teniente de alcalde de Santa Eulària, Vicent Riera, volvió a insistir en que la norma territorial cautelar dictada por la máxima institución pitiusa atenta contra la autonomía municipal, invadiendo competencias del ayuntamiento. El equipo de gobierno señaló también que la modificación de las medidas urbanísticas cautelares, contra la que presentarán el nuevo contencioso, no es simplemente una ampliación, sino que debajo del nombre de modificación se ha hecho una norma cautelar nueva, algo que, según los populares, es ilegal, ya que la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) sólo permite la aplicación de una única moratoria hasta que se apruebe el Plan Territorial Parcial.
El abogado del Ayuntamiento de Santa Eulària, José María Roig, explicó que, además, el consistorio ha preparado y presentado, dentro del plazo establecido legalmente, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJB que desestimaba el anterior recurso contencioso-administrativo interpuesto por la administración municipal contra la moratoria urbanística. Asimismo, añadió que el equipo de gobierno está pendiente de que se admita a trámite para poder formalizar el recurso de casación.
El equipo de gobierno aseguró que está en su «pleno derecho para continuar con el proceso jurídico defendiendo la tesis de que el Consell con la moratoria urbanística ha invadido las competencias municipales».
El primer teniente de alcalde, durante el transcurso del pleno, también criticó que el Consell haya contestado a sus alegaciones a la modificación de la norma cautelar el 6 de marzo cuando ya se estaba fuera de plazo. Según explicó José María Roig, la máxima institución pitiusa ha hecho las cosas al revés, ya que debería haber comunicado al consistorio si admitía o no sus enmiendas antes de llevar a pleno en enero la aprobación definitiva de la ampliación de las medidas cautelares.
La mayoría de las alegaciones presentadas por Santa Eulària a la modificación no fueron tomadas en cuenta por el Consell, aunque sí accedió a que en los 'falsos urbanos' se pueden hacer obras de mejora de la seguridad.