El Grupo Municipal del PP de Eivissa denunció ayer públicamente la compra y el derribo por parte del Ayuntamiento de una casa de Sa Penya (60 m), por la que se van a pagar 61.000 euros, a pesar de que una tasación del año pasado valoró el inmueble y el coste de la demolición en 30.000 euros. Sobre ella pesaba un expediente de ruina económica y una sentencia judicial que obligaba a su derribo y reconstrucción. El año pasado, el Ayuntamiento inició los trámites para su compra y, tras meses de negociaciones, acabó llegando a un acuerdo con el propietario, que vive en Inglaterra, para comprarla por 31.000 euros y hacerse cargo después de su demolición, valorada en otros 30.000, pese a que el propio Consistorio la había tasado en 12.000 euros en el año 2002.
Marí aseguró que el Ayuntamiento podría haberse hecho con la propiedad de la casa «sin pagar un duro», porque el propietario se negó a llevar a cabo el derribo, tal y como estaba obligado por sentencia judicial, y manifestó «no entender» por qué razón se ha elegido «precisamente esta casa», que no presentaba un peligro de derrumbe «inminente».
El gerente del Consorcio Patrimonio de la Humanidad, Emilio Pérez Echagüe, asegura que se restará el coste de la demolición, en contra de lo que mantiene el PP y que si se llevó a cabo la demolición de esta casa y no otra es debido al problema de okupas que tenía (un okupa fue quien presentó el contencioso contra el Ayuntamiento). «El propietario nunca pudo disfrutar de la casa», dice. Además, recuerda que el candidato del PP en Eivissa, Joan Marí Tur, miembro también de la Junta del Consorcio aprobó la compra de la casa.