El vertedero de es Cap de Barbaria es y seguirá siendo legal hasta abril de 2004 según explicó el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Formentera, Felip Portas, en el pleno extraordinario celebrado con este motivo y a petición del grupo de la oposición, GUIF, que a su vez defiende que desde diciembre de 2002, el vertedero debería estar clausurado y que por tanto es ilegal. Tanto Masdeu, líder de la oposición, como Portas, responsable municipal de Medio Ambiente, se encargaron de citar profusamente fechas, acuerdos y convenios que según unos y otros situaban en posición legal o ilegal al actual vertedero de es Cap de Barbaria al que van todos los residuos sólidos urbanos de la isla.
Joan Robert Masdeu acusó a la COP, el actual equipo de gobierno deeste ayuntamiento pitiuso, de «haber llevado el asunto del vertedero a escondidas y sin planificación» y recordó que en noviembre del 99 el GUIF votó en contra del convenio entre el Consistorio y la conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears por el cual se debía clausurar el vertedero en tres años, «por cuanto el límite era escaso de tiempo y por ello hicimos constar en acta que la responsabilidad de las gestiones y de que se cumplieran los plazos era el equipo de gobierno de la COP».
En consecuencia, el GUIF exigió un informe jurídico de manera que el próximo equipo de gobierno sepa dónde puede llevar los residuos sólidos urbanos pasadas las elecciones. Felip Portas respondió a Joan Robert Masdeu con una larga retahíla de fechas y convenios para finalmente dejar caer dos pequeñas sorpresas: la primera, que el período de clausura del vertedero es a tres años de la aprobación, en abril de 2001 y por parte del Govern de les Illes Balears del Plan Director de Residuos para Eivissa y Formentera, lo cual lo mantienen vigente hasta abril de 2004 y, por encima de todo que mañana jueves se celebrará un pleno extraordinario en la sede del Consell d'Eivissa i Formentera que se tratará la adjudicación a la UTE formada por FCC, Urbaser, Cespa y Herbusa, de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de la planta de transferencia que, una vez notificado a la unión temporal de empresas, tendrá un plazo de 12 meses para que la planta de transferencia esté en funcionamiento.