Todos los sectores empresariales de Eivissa y Sant Antoni han celebrado esta semana la determinación política y policial de instalar videovigilancia en los puntos más calientes de la isla esta misma temporada, un plazo que es prácticamente imposible de cumplir. Queda ahora por definir el modelo de financiación, es decir, esclarecer a quién corresponde correr con los gastos de compra, instalación y monitoreo del sistema de videovigilancia. En la Platja de Palma ya han comenzado las obras para instalar el sistema y toda la financiación está corriendo a cargo de los presupuestos municipales, aunque aún está por ver qué cuerpos policiales se encargarán del monitoreo de las cámaras-espía.
Ha sido en Sant Antoni, el municipio que más delitos suma cada verano, donde mejor ha caído la decisión de instalar videocámaras. La idea, tal y como solicitó el alcalde de este municipio, Antoni Marí Tur, al jefe del gabinete técnico del director de la Guardia Civil, Ignacio Cosidó, es instalar cámaras en el West End y en el Paseo Marítimo y levantar una caseta de monitoreo también en el Paseo Marítimo.
«Si se instala el sistema, lo pagaremos todos, es decir, el Ayuntamiento. De todas formas, lo pondrá en marcha el nuevo Consistorio y yo dejaré preparada toda la documentación para el jefe del Puerto», dijo epopular Marí Tur, que abandona la Alcaldía de su pueblo.
El portavoz de la Asociación de Empresarios de Comercio de Sant Antoni, Juan Torres, se adjudica la autoría del proyecto: «En la Mesa de Turismo de julio 2002 fui yo el primero que planteó el tema, que luego se ha llevado a muchos otros foros. Al principio la idea no cuajó, pero ante la falta de policías no queda otro remedio». «De todas formas», remarcó Torres, «seguimos exigiendo más agentes de policía y, con urgencia, una subcomisaría de Policía Nacional en Sant Antoni».
El Cuerpo de Policía Nacional no tiene competencias en Sant Antoni porque no suma la cantidad de residentes requerida. Para conseguir la población necesaria, Juan Torres propone «que se sumen los habitantes de toda la bahía de Portmany», es decir, añadir residentes del municipio de Sant Josep.
Por su parte, el presidente de la Petita i Mitjana Empresa d' Eivissa i Formentera (PIMEEF), Antoni Marqués, celebró la decisión de instalar videocámaras tanto en Sant Antoni como en Eivissa, concretamente en Platja d'en Bossa y en la zona del puerto de la capital de las Pitiüses y recordó que la asociación comercial que preside «ha estado de acuerdo siempre que se ha planteado el tema».
Marqués considera que «todas las medidas para mejorar la seguridad son bienvenidas. Las cámaras pueden dar seguridad y tranquilidad en las zonas donde hay mucha aglomeración de personas», en las que operan carteristas y descuideros.