El teniente de alcalde, Pedro Campillo, quiso puntualizar ayer que el Ayuntamiento de Eivissa «no es responsable» del suceso que supuso desalojar a ocho familias hace dos años y cinco meses del edificio que ocupaban. Éste quedó en estado de ruina por los daños que le provocó el derrumbe del inmueble vecino, de Viajes Barceló. El representante del Consistorio se mostró molesto por el hecho de que los vecinos estén dando la imagen de que el Ayuntamiento es el culpable de este hecho. Recordó que cuando cayeron las viviendas «se alojó a las familias en un hotel y luego en unos apartamentos», gastos que corrieron a cuenta de las arcas municipales. Aseveró incluso que el Consistorio ha llegado a gastar 30.000 euros (cinco millones de pesetas) en ayudas a los afectados y que siempre han tenido «las puertas abiertas» a los vecinos.
El concejal está convencido de que el Ayuntamiento «no tiene ningún protagonismo en este caso» que «sólo implica a las empresas y a los vecinos y que actualmente está en manos de la Justicia». En este sentido, el concejal se mostró convencido de que el juez dará la razón a los afectados. «La indemnización -dijo- será de un montón de millones pero seguro que nadie se acuerda de devolver al Ayuntamiento las cantidades que se abonaron en el realojo de las primeras semanas».
A pesar de que comprende «la situación de angustia» en la que han vivido los vecinos estos 29 meses, el teniente de alcalde recalcó ayer que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para hacerse cargo y aseveró que en el municipio hay personas en situaciones de marginación, que no tienen trabajo, que presentan graves toxicomanías y enfermedades graves, que precisan la atención de los servicios sociales. «El dinero del Ayuntamiento es de todos y hay que administrarlo con medida», dijo Pedro Campillo.