Nueve asociaciones empresariales y vecinales de Sant Antoni presentaron ayer una campaña contra la venta ambulante e ilegal, que ha supuesto la edición de miles de carteles en inglés en los que se advierte de los peligros de estas actividades. Los colectivos se mostraron «decepcionados» porque «ni los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep ni el Gobierno central han cumplido sus promesas» en torno a la erradicación de este sistema de venta que a menudo esconde tráfico de drogas. Chris Langley, presidente de la Asociación de Establecimientos Turísticos, afirmó que este año «habrá más delincuencia y actividades ilegales» ya que hay, dice, «al menos seis policías menos y los que hay se niegan a hacer horas extras y a trabajar los días libres porque hay problemas con los pagos del año pasado». Las elecciones preocupan también a los vecinos y empresarios porque consideran que los delincuentes se «aprovecharán del vacío de poder durante seis u ocho semanas para hacer su temporada al principio de verano».
Las actividades delictivas «están matando la imagen de Eivissa y de Sant Antoni», afirmó Langley, que añadió que «los turistas se sienten inseguros y timados las 24 horas del día en Sant Antoni». Prueba de lo insostenible de la situación es que la asociación de bares ha interpuesto 150 denuncias en dos semanas, aunque dicen que «se podría hacer una denuncia por minuto». Langley recordó que hace cuatro años que se habla de lo mismo y que no se ha puesto solución a pesar de que la hay. «Los alcaldes de Benidorm, Lanzarote o Marbella han sabido solucionar este problema», señaló.
Los nueve colectivos están de acuerdo en que el primer paso para poner freno a este tema «lo tiene que dar el equipo de gobierno municipal». El responsable de los establecimientos fue más allá al afirmar que «los gobernantes no están representando al pueblo de Sant Antoni» y por eso esperan que los nuevos equipos de gobierno tomen estos problemas en serio. Por su parte, el presidente de los hoteleros de Sant Antoni, Joan Bufí, quiso dejar claro que la protesta no es xenófoba y aseguró que «buena parte de los vendedores ambulantes están manejados por personas que sacan beneficios».