El sistema electoral que está vigente en España es el de la llamada Ley d'Hondt, del que habitualmente se suele decir que favorece a los partidos mayoritarios. Esta afirmación es real, aunque explicar los motivos es algo complejo.
Nuestro sistema electoral es uno de los calificados como proporcionales, es decir, los partidos políticos reciben una representación en las instituciones que está en consonancia con el número de votos que han obtenido en las elecciones. Por contra, en los sistemas llamados mayoritarios las elecciones se resuelven dando toda la representación al partido que más votos ha obtenido (es lo que ocurre, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos).
Otra de las características del sistema electoral español es que la proporcionalidad no se mantiene pura, sino que está corregida. Si no se hiciera, el sistema favorecería a los partidos minoritarios, que podrían alcanzar representación con una cifra bastante baja de votos. La Ley d'Hondt pretende, por otra parte, que formar gobierno no sea excesivamente difícil y, por tanto, modifica la proporcionalidad pura.
La aplicación concreta de esta ley se hace dividiendo el número de votos obtenidos por cada partido por uno, luego por dos, por tres, por cuatro y así sucesivamente. Hecha esta operación se van asignando los escaños o los concejales a los partidos que tengan el mayor de los cocientes tras cada una de las operaciones.
Aún hay otra medida dentro de este sistema que se aplica en España que resulta polémica y de gran trascendencia. Se trata de la exigencia de un mínimo de votos, del 5 por ciento, para poder entrar en las operaciones de reparto de escaños o concejales. Esto es lo que hace que, habitualmente, los partidos pequeños se quejen porque consideran que se da una sobrerepresentación a las formaciones más grandes. La ley, como no podía ser de otra manera, no deja a todos contentos.