El presidente electo del Consell Insular, Pere Palau, mantiene en secreto cómo se van a distribuir las distintas áreas de la máxima institución insular. «Si dijera que no lo tengo pensado nadie se lo creería, pero aún es pronto para avanzar nada», dice. El nuevo Parlament se constituirá a partir del próximo día 19 (la fecha depende del presidente Antich), después se realizará la investidura del nuevo presidente, lo que dará vía libre a la formación del nuevo gobierno del Consell Insular, seguramente a finales de junio o principio de julio.
La constitución del Parlament, según Palau, condicionará el equipo de gobierno del Consell Insular, en función de que Matas llame a algún ibicenco a ocupar alguna conselleria del Govern. Por el momento, Palau sólo da por sentado que Enrique Fajarnés, el número dos de la lista, mantendrá su cargo en el Senado y, por incompatibilidad, no podrá estar en el Parlament. Palau considera esencial la figura de Fajarnés para mantener línea directa con el Gobierno central. «Fajarnés garantizará la buena relación con Madrid», subraya. Según la Ley Electoral de Balears, Enrique Fajarnés no puede ocupar el cargo de diputado y de senador, por lo que debe renunciar a uno de ellos. Así lo ha hecho, por ejemplo, la portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Rosa Estaràs, que presentó su dimisión como miembro de la Cámara baja para poder integrase en el Parlament balear.
El PP se sustenta en el Estatuto de Autonomía, según explica el presidente del PP en las Pitiüses, José Juan Cardona, para evitar que Enrique Fajarnés tenga que ocupar un cargo de diputado del Parlament, lo cual es incompatible con el de senador. «Los consellers insulares pueden renunciar a la condición de diputado sin perder la condición de consellers», dice el artículo 37.4 del Estatuto. Sin embargo, la duda está en saber si para ser conseller insular, Fajarnés tiene que jurar primero su cargo como diputado en el Parlament para después presentar su renuncia. «Hay dos posibilidades que renuncie antes o lo haga después, e imagino que por el principio de economía procesal se hará lo primero», explica José Juan Cardona.