El Defensor del Pueblo constata las carencias de la Dirección Insular

OLGA QUINTANILLA
El problema comienza con la ubicación física de las oficinas -dice el texto- que se encuentran en un emplazamiento provisional cuya sustitución por el definitivo, se alargará más de lo deseable, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno y la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas. Asimismo denuncia la falta de conexiones informáticas entre la Dirección insular y la Oficina de Extranjería de Palma, lo que ha ocasionado fuertes demoras en el conocimiento de las resoluciones dictadas por esta última y ha obligado a muchos inmigrantes a desplazarse a Palma. Sobre este particular, señala el informe, la Subsecretaría de Administraciones Públicas comunicó que se habían impartido instrucciones para habilitar una conexión informática entre ambas oficinas. Respecto a los recursos humanos, esta institución sostiene que es manifiestamente insuficiente para atender adecuadamente a los usuarios.

En cuanto a las condiciones de detención figura una denuncia contra la Comisaría de Policía de Eivissa por las malas condiciones en que se encontraban las dependencias donde prestaban servicio los funcionarios así como los calabozos. En este informe del Defensor se constata que esta queja motivó la visita efectuada por su Adjunta Primera quien pudo comprobar que las condiciones de seguridad eran absolutamente deficientes con el consiguiente peligro tanto para los detenidos, como para los funcionarios y ciudadanos que acuden a dichas dependencias para la realización de distintos trámites. Asimismo detalla que la situación era especialmente grave en los calabozos, garaje y sótanos de dicha dependencia donde las filtraciones de agua amenazaban la seguridad de la instalación. El Defensor del Pueblo informó a la Policía de la situación en la que se encuentran esos calabozos, pero en el momento de elaborar su informe todavía no se había recibido respuesta alguna. En el informe también se destaca el importante aumento de fraude en la solicitud de plazas escolares.