La abogada del Estado calcula, según explicó ayer Barceló en el marco de la II Jornada de Residuos, organizada por el Consell Insular, que cuando la sentencia sea firme, lo cual sucederá seguramente en las próximas semanas, «la Unión Europea dará un plazo de un año, o a lo mejor incluso menos, para que el vertedero se adapte a la directiva europea». De no ser así, la UE cobrará a diario una millonaria sanción por cada día que se sobrepase del plazo determinado. «La UE hará efectivo el cobro de la multa a través de los fondos de cohesión previstos para España», explicó Nicolau Barceló.
Por otro lado, Barceló explicó que si en octubre la Unión Europea no dispone del proyecto de reforma del vertedero, con el correspondiente estudio de impacto ambiental, también peligran los 9'6 millones de euros (1.600 de pesetas) con los que el organismo europeo prevé subvencionar su ejecución. Fue el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Raúl Florita, quién aseguró a Barceló que si no se cumplía este plazo no podía garantizar la entrega de los fondos de cohesión.
De todos modos, Crescenciano Huerta, gerente de la Unión Temporal de Empresas formada por Cespa, Herbus, FCC y Urbaser, adjudicataria de las obras de reforma de ca na Putxa, aseguró ayer que en este momento se está trabajando en la redacción del proyecto de ejecución y que «no habrá ningún problema para cumplir los plazos». El pliego de condiciones especifica que en septiembre del año que viene la reforma del vertedero debe estar lista, por lo que Huerta descarta que pueda materializarse la amenaza.