El primer pleno de la actual legislatura fue un refrendo total a la posición que Formentera ha mostrado en los tres últimos lustros contra la construcción de un camping en es Ca Marí que se trata, a decir de los técnicos y políticos conocedores del proyecto, de una urbanización para casi mil personas disfrazada de camping.
El primero en tomar la palabra sobre el punto central del pleno fue el portavoz de la oposición, el ex alcalde Isidor Torres, que propuso el mismo texto presentado dos semanas atrás cuando solicitaba el pleno extraordinario para tratar el asunto. A su exposición le respondió el actual alcalde, Juanma Costa, que tras resaltar que comparten la exposición de motivos presentados por la COP que denunciaron y señalaron en la primera comparecencia pública tras la toma de posesión, no pudo menos que insistir en que le consta «que la institución tuvo conocimiento de la resolución del Tribunal Supremo hace meses y no hizo nada al respecto pese a la importancia que un asunto como este tiene para Formentera».
Costa propuso un texto alternativo, prácticamente idéntico al presentado por la oposición que, tras un receso de diez minutos, fue refundido en una moción transaccional aprobada por unanimidad en la que en cinco puntos se define la posición de Formentera respecto al camping.
En primer lugar se manifiesta «el rechazo del pueblo de Formentera a la construcción de un camping que significaría la ruptura del equilibrio social, económico y medioambiental de la isla y que supone una grave desvirtuación del modelo turístico tradicional». En segundo lugar, el texto aprobado por unanimidad propone seguir con las líneas de actuación de los antiguos equipos de gobierno y las iniciadas por el actual ante las distintas administraciones de forma que se «coordinen acciones políticas y legales que permitan evitar la construcción del camping de es Ca Marí».
El tercer punto apunta a la necesidad de «agotar todas las vías legales posibles» para evitar su construcción estudiando la posibilidad de «solicitar la revisión de la declaración de interés social» del camping o de la repercusión de la normativa medioambiental, turística y de uso del territorio en el proyecto.
Asimismo se prevé dirigirse al Defensor del Pueblo para que medie entre las partes implicadas, administraciones y propiedad y, finalmente faculta al actual equipo de gobierno para que haga las gestiones oportunas a fin de «comprar los terrenos en los que se pensaba construir el camping destinándolos en finca pública y área recreativa».