El letrado aseguró que solicitará al juez del Juzgado de Instrucción número uno, Juan Carlos Torres, unas diligencias complementarias antes de decidir si implica al Consistorio en la causa. «A la vista de estas diligencias se estudiará en qué medida el Ayuntamiento de Santa Eulària es responsable o no», señaló Serrano.
La acusación particular y pública, dirigida contra el representante legal de Herbusa, Vicente Bufí, sostiene que el vertedero no se adapta a la normativa medioambiental y, por otro lado, que las consecuencias de la utilización incorrecta de las instalaciones causa un perjuicio, como la contaminación de pozos y el acuífero, que afecta a terceras personas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia el pasado 12 de junio ratifica que el vertedero incumple la normativa ambiental, que es «ilegal», y que es un foco de contaminación.
Vicente Bufí, que declaró en calidad de imputado (Huerta lo hizo después como testigo) en la oficina del juez durante casi tres horas, defendió la legalidad de las instalaciones de ca na Putxa. «No estoy de acuerdo en que se me impute. Estamos [Herbusa] explotando ca na Putxa conforme a la normativa como vertedero controlado, con la captación de lixiviados y gases, que se queman durante 24 horas desde hace muchos años», indicó Bufí a la prensa. El abogado de Herbusa, Jaume Roig, indicó que la empresa dispone de «todas las licencias administrativas necesarias para la actividad que desarrolla como vertedero controlado», destacó. Ante el juez, Bufí aseguró que dispone de una licencia de actividades, según explicó después el abogado de Hábitat y Basuras.No obstante, el letrado de la acusación aseguró que no existe ninguna licencia dada por el Consistorio de Santa Eulària, tal y como consta en el informe realizado por los servicios municipales. «En la causa hay un informe del Ayuntamiento que dice que carece de antecedente alguno del vertedero», subrayó. Lo único que consta, explicó el abogado, es que en un pleno del Ayuntamiento en 1968 se acordó dar permiso a un señor («no se especifica quién; posiblemente se trata del padre del señor Bufí», dice), para que pudiera depositar la basura «previa autorización de la Comisión Provincial de Saneamiento y la tramitación de un expediente de actividad molesta, insalubre y peligrosa».
Serrano indicó, de todos modos, que ninguno de esos documentos se ha presentado, al igual que el estudio medioambiental que Herbusa mantiene que posee y que demuestra que el vertedero cumple la normativa ambiental.