El Tribunal Supremo ha dado la razón a USO de Illes Balears en el recurso interpuesto contra el convenio del metal. Esta sentencia «histórica para todo el sector», según el sindicato, permitirá que todos los trabajadores puedan cobrar la misma antigüedad independientemente del año en el que fueron contratados. El dictamen considera una discriminación establecer diferencias de salario únicamente porque la fecha de contratación sea antes o después de 1987, como hasta ahora establece el actual convenio del metal. De esta manera se anula otra decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, dictada en 2002.
Antes de 1987, los trabajadores cobraban un 6 por ciento más de su salario por cada cinco años de antigüedad en la empresa. A partir de este año, la cifra se redujo a unos 16 euros por quinquenio, lo que suponía unos 54 euros mensuales de diferencia entre trabajadores con la misma función. USO y ahora el Tribunal Supremo han confirmado lo discriminatorio de este punto.
David Díaz, secretario de acción sindical de USO Balears, denunció ayer que con esta situación «en los últimos diez años un oficial de primera del sector del metal estaba cobrando menos por convenio que un camarero de restauración o una camarera de piso». Esto se traduce en una necesidad de horas extras para cubrir un salario razonable, horas que no constan en el momento de cotizar y cobrar una pensión. Con el incremento de la antigüedad, USO confía que en el salario base de estos trabajadores aumente, lo que supondrá una base de cotización mayor.
La sentencia afecta a unos 4.000 trabajadores de sectores tan diferentes como el eléctrico, la automoción, la fontanería, la metalurgia, los ascensores, los aires acondicionados, la calefacción y otros. En Eivissa hay unos 800 trabajadores en este sector que deberían percibir cada uno entre 1.000 euros y 3.500 euros en concepto de atrasos por la diferencia del cobro de la antigüedad. Para los empresarios baleares supondrá un desembolso global de 3,6 millones de euros en concepto de retrasos a los trabajadores.
Conscientes de la dificultad que puede suponer pagar estos retrasos para el empresario, el sindicato sugiere pasar el caso al Tamib e intentar negociar una salida pactada que incluye la posibilidad de fraccionar los pagos.
De todos modos, USO desconfía de la buena fe de los portavoces de la patronal del sector e incluso prevé que dicten la congelación de las antigüedades. En este caso harán un llamamiento a la huelga en el sector para el mes de septiembre u octubre. «Hay que decir no a las horas extras descabelladas», señala Díaz y «apostar por un salario base más adecuado».
Con el convenio colectivo en plena negociación, USO solicita a UGT y a CC OO que «no se les ocurra firmar» sin asegurar antes los derechos de los trabajadores, como es el tema de la antigüedad, ya que esto «sería humillarse ante la patronal». La representatividad de los trabajadores en el sector en la actualidad es de 124 delegados de UGT, 82 de USO y 64 de CC OO.