El Juzgado de Instrucción número uno también llama a declarar al gerente de Herbusa, Antoni Ribas, en calidad de imputado por un presunto delito contra el medio ambiente en la gestión del vertedero de ca na Putxa. Ribas deberá testificar ante el juez el próximo 5 de septiembre, según una providencia dictada por el juez Juan Carlos Torres.
En la misma resolución, el juez ordena a Herbusa, la empresa que gestiona las instalaciones de ca na Putxa, a pagar en un plazo de cinco días (lo notificó a las partes el jueves día 7), una fianza de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) para responder a las obras de reforma del vertedero. De la misma manera, el juez también fija a Herbusa un plazo máximo de dos meses para que se inicien estas obras para adaptar ca na Putxa a lo que dice la ley.
En el caso de que Herbusa no pague la fianza en cinco días, los tribunales procederán al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir dicha cantidad. Contra esta resolución, la empresa puede presentar un recurso de reforma en un plazo de tres días. Precisamente, el gerente de Herbusa, Antoni Ribas, que también tendrá que declarar como imputado, aseguró a este periódico que la empresa recurrirá esta providencia.
El Consell Insular adjudicó el 8 de mayo a una Unión Temporal de Empresas, de la que Herbusa participa en un 40 por ciento de la sociedad, las obras de reforma y gestión de ca na Putxa. El proyecto de obra estará listo en septiembre, por lo que los trabajos para adaptar ca na Putxa a lo que establece la normativa comenzarán seguramente antes de los dos meses de plazo que impone el juez.
Más pruebas
La providencia del juez también reclama, tal y como hizo antes el
Ministerio Fiscal, a la Conselleria de Medi Ambient del Govern
balear a que aporte a la causa un informe sobre si el suelo en el
que se ubica el vertedero ha sido declarado, delimitado e
inventariado como «suelo contaminante».
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó recientemente una sentencia en la que confirma que el vertedero es ilegal (no cuenta con permisos) y que constituye un foco de contaminación perjudicial para el medio ambiente y la salud. El proceso en Eivissa se abrió en 1989 por una denuncia que presentó la asociación ecologista Sial por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Posteriormente Hábitat y Basuras se personó en la instrucción de la causa como acusación popular. Según fuentes judiciales, el proceso está en su recta final y antes de que acabe este año se sabrá si se celebrará juicio.