El Consell Insular sigue sin subsanar el supuesto fraude del servicio de seguridad de su sede denunciado por Comisiones Obreras. El sindicato denunció hace casi un mes que el equipo de gobierno podría incurrir en «un delito de prevaricación» si permitía a sabiendas que el servicio de seguridad de la institución esté formado por dos auxiliares de servicio, cuya figura no existe en el convenio de trabajo de este sector, ni siquiera en la Ley de Seguridad Privada.
A raíz de la publicación de la noticia, el Consell requirió a la empresa GPS 909 para que presentara toda la información sobre la prestación del servicio. El Consell aseguró ayer a este periódico que la empresa reconoció que durante algún tiempo utilizó a personas que no disponen de la titulación exigida para ejercer de vigilantes, pero que ya está cumpliendo los requisitos que estipula el contrato.
Comisiones Obreras, que el martes se reunió con el conseller insular de Interior, Diego Guasch, asegura que la empresa contrató a otra persona titulada, por lo que aún hay otra que ejerce de vigilante sin la titulación. «El conseller nos pidió un margen de tiempo para mirar bien el expediente», dijo el responsable general de la agrupación de seguridad privada del sindicato, Lucio Manuel del Valle.
Comisiones Obreras también ha presentado sin suerte dos denuncias ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Éste remitió ayer mismo un escrito al sindicato en el que le informa de que este asunto depende directamente de Palma, según dice el responsable de Comisiones Obreras, y que hasta que no se acumulan algunas denuncias los agentes no se desplazan a la isla para realizar las inspecciones.