Agentes de la Policía Judicial y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Eivissa precintaron ayer por la mañana las instalaciones de la gasolinera de Santa Gertrudis haciendo efectiva la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa dictada el pasado jueves y en la que se decretó, entre otras medidas cautelares, el precinto de los surtidores de combustible, el cese de la actividad del suministro y el vaciado de los tanques y depósitos para lo que se concedía a la empresa explotadora, Hydrotechnik España, un plazo de 72 horas, siempre bajo la supervisión del Consell. Según la resolución, el cierre de las instalaciones, que no afecta a la tienda de la gasolinera, estará vigente hasta que no se adecúen los depósitos y tanques a los requisitos técnicos legalmente exigibles.
Las segunda medida cautelar establece el pago de una fianza de 780.000 euros por parte de la sociedad explotadora y su representante legal en Eivissa, Marinela Torres. En caso de que no se aporte esta cantidad «se procederá al embargo de bienes», todo ello «con el fin de garantizar cautelarmente la existencia de bienes suficientes a efectos de costear la descontaminación de los pozos del acuífero y de los daños sufridos por los titulares de los pozos afectados en caso de que se dictara sentencia condenatoria», según señala la resolución judicial.
En respuesta a la tercera acción decretada por el juez Juan Carlos Torres, la Guardia Civil procedió ayer a levantar atestado e informar del estado en el que se encontraba la gasolinera en el momento de su precinto. Asimismo la resolución del magistrado establece que las dos personas que aparecen como representantes de la empresa explotadora en la isla, entre las cuales estaría Marinela Torres, tendrán que declarar en calidad de imputadas por un delito contra el medio ambiente.
El Juzgado de Instrucción número 1 ha dictado estas medidas cautelares, mientras continúan las investigaciones y se decide si se abre juicio o no, tras confirmar la mayoría de indicios denunciados el pasado mayo por lo vecinos afectados basándose en buena medida en los resultados de los análisis aportados por las consellerias autonómicas de Medi Ambient, Salut e Indústria, que hace aproximadamente dos semanas ya solicitó el cierre urgente de la gasolinera. Hydrotechnik España tiene ahora la posibilidad de recurrir o presentar alegaciones a esta resolución.
El fiscal Manuel Campoy, que valoró ayer de forma muy positiva «la adopción de este auto» «en un asunto con trascendencia social y medio ambiental», resaltó también que «es la primera vez que en Eivissa se están adoptando medidas cautelares de protección con respecto a delitos medio ambientales de cierta relevancia y complejidad» como es este caso concreto y aseguró que «la celeridad con la que se está llevando el asunto hace pensar que no se demorará demasiado la instrucción».
Una vez finalizada esta primera fase de instrucción y tras comprobar si se confirman o desvanecen los indicios de delito medio ambiental detectados, el fiscal decidirá si se formula acusación y si hay juicio, que, como explicó, podría llevarlo el juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial, «dependiendo de la magnitud de los efectos».