El Consistorio se negó a pagar estos seis certificados de obra, según dice la sentencia, en base a «la inexistencia de un acuerdo de modificación del contrato». Además, no aceptaba la cantidad solicitada por la empresa (40'7 millones de pesetas). El Ayuntamiento defendía que en todo caso sería de 32 millones de pesetas. «Afirmará, en consecuencia, que aquella cantidad nunca ha sido aceptada o certificada por los técnicos directores de obra», reza la sentencia del TSJ. O sea, que el Ayuntamiento no las había autorizado y, por tanto, no se veía con la obligación de pagarlas.
La obra se acabó en 1991, pero la recepción definitiva (visto bueno final por parte de la administración) se produjo en septiembre de 1995. Infraestructura y Obras de Ibiza SL realizó trabajos complementarios entre 1990 y 1991 para acabar el proyecto, que, según el Consistorio, no figuraban en el contrato. El TSJ establece, sin embargo, que este proyecto está sujeto a las condiciones de un contrato de carácter administrativo y que «las certificaciones reclamadas son correctas».
«La obligación que tiene el Ayuntamiento de pagar se confirmó en el momento que la constructora cumplió su obligación, poniendo a disposición de la Corporación la realización de obras complementarias necesarias para la ejecución del proyecto», dice el TSJ. La reclamación económica de las certificaciones de obra asciende a 40'7 millones de pesetas, dividida en seis facturas de 19'5 millones, 6'9 millones, 6'9 millones, 2'5 millones, 188.694 y 4'6 millones.