La Unión Temporal de Empresas que desde hace un mes gestiona el vertedero de ca na Putxa presentó ayer mismo en el Consell Insular el proyecto de reforma básico de reforma de las instalaciones. Una vez que el gobierno insular le dé el visto bueno, se iniciarán las obras para que las instalaciones de ca na Putxa se adapten a la normativa europea.
La primera parte de la obra consistirá en la construcción, en un plazo aproximado de seis meses, de una celda impermeabilizada donde se podrá lanzar la basura sin el peligro de contaminar el subsuelo. Se utilizará un sistema de pequeñas chimeneas y drenaje para la eliminación de gases y lixiviados.
Si la UTE cumple los plazos previstos, el Gobierno español se librará de hacer frente al pago de una multa millonaria diaria a la Unión Europea. El anterior Govern balear advirtió de que, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 12 de junio mediante la cual se ratificaba que el vertedero es ilegal y que su uso actual puede poner en peligro la salud del hombre, si en octubre la UE no disponía de este proyecto de reforma, con el correspondiente estudio de impacto ambiental, peligraban los 9,6 millones de euros (1.600 millones de pesetas) con los que el organismo europeo prevé subvencionar su ejecución. Fue el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Raúl Florita, quién aseguró al Ejecutivo autonómico, gobernado por el Pacte, que si no cumplía este plazo no podía garantizar la entrega de los fondos de cohesión.
El Consell maneja, según explicó a este diario el conseller insular de Medio Ambiente, Josep Mayans, tres opciones para evitar provisionalmente el vertido de la basura en la zona que está sin acondicionar. Una de estas posibilidades consiste en habilitar un nuevo espacio, aunque, según dijo Mayans, aún no está decidido. «Nos decantaremos por la opción más barata. No queremos encarecer aún más el proyecto para evitar que eso revierta después en la tasa que deben abonar los ciudadanos», indicó. El pliego de condiciones de la concesión administrativa, aprobada por el gobierno del Pacte, establece que la obra debe estar lista en septiembre de 2004.