Prácticamente nadie se atreve ahora a comprar o vender una porción de terreno para edificar una casa a la espera de conocer cómo va a quedar finalmente la nueva reforma de las leyes urbanísticas prevista por el PP y que desde el pasado martes se está tramitando en el Parlament. El nuevo gobierno del PP en las Pitiüses lo tiene claro: quiere recuperar la norma que existía antes de la legislatura pasada, gobernada por la coalición de partidos de izquierda, que permitía la construcción en las zonas naturales protegidas conocidas como Anei. Con un cambio, eso sí: si antes se podía construir en una Anei con una parcela mínima de 30.000 metros cuadrados, ahora será imprescindible disponer de 50.000 metros en Eivissa y 30.000 en Formentera. Precisamente, Palau defendió el martes en el Parlament que su reforma de la ley es el doble de restrictiva.
De todos modos, la metedura de pata del Govern balear al incluir en la reforma de la ley el desarrollo de un proyecto urbanístico y un campo de polo en Campos, en Mallorca, cuando el anterior gobierno, del Pacte, indemnizó a sus promotores con un millón de euros para evitar su construcción, puede retrasar la aprobación de los nuevos parámetros urbanísticos de las Pitiüses.
La propia consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, ha reconocido que, a la espera de que los servicios jurídicos determinen como se puede solventar el problema, no es posible sacar las referencia a Campos de todo el articulado de la reforma de la ley. O sea que, según Cabrer, toda la ley (los cambios para las Pitiüses y Campos) debe presentarse en bloque y retirarse también en bloque. El presidente del Consell Insular, Pere Palau, mantiene que los cambios de criterio urbanísticos previstos para las Pitiüses se llevarán a cabo a través de esta polémica reforma o a través «de otra fórmula. Palau recalca que el programa electoral insular del PP contempla estos cambios.