La Unión Europea ha amenazado al Govern con incluir a Balears en la «lista negra» por mala gestión si en los próximos dos meses no presenta resultados concretos ante la Comisión en relación al desarrollo del programa Life sobre la posidonia. Si Balears llega a formar parte de la «lista negra» de malos gestores de la Unión Europea, el Govern podría perder ayudas millonarias en el futuro, según confirmaron desde el gabinete autonómico. Por este motivo, el departamento que ahora dirige Jaume Font acelerará todas las gestiones necesarias para cumplir las exigencias de Bruselas y eludir la amenaza de formar parte de una «lista negra» de la Unión Europea.
En una misiva remitida el pasado viernes a la Conselleria de Medi Ambient, la Comisión Europea advierte al Govern que si en los próximos meses no envía a Bruselas una documentación exhaustiva sobre el programa, que tenía que haber desarrollado los anteriores gestores de la Conselleria de Medi Ambient, «podría proceder a la clausura anticipada del programa e, incluso, solicitar el reemboloso de la participación financiera comunitaria desembolsada hasta la fecha». «Tal incumplimiento por parte del beneficiario podría conducir a la Comisión a incluirle en la lista de organismos malos gestores de fondos comunitarios, no admitidos a solicitar el apoyo de Life», añade la comunicación de la Comisión Europea.
El Govern ha mostrado su preocupación ante este ultimátum de la Comisión Europea, que se produce después de que en Bruselas se anunciase que el programa Life estaba salvado, aunque en un primer momento se otorgó un plazo de tres meses a Medi Ambient para poner en marcha más de 1.000 puntos de fondo en el litoral balear con el fin de impulsar el plan de recuperación de la posidonia. La Comisión Europea ha pagado al Govern, en concepto de anticipo, casi 1,2 millones de euros, equivalente al 40 por ciento de la aportación de la UE al programa Life. La comunicación remitida por Bruno Julien, jefe de unidad de la Dirección General de Medio Ambiente, reitera que la Comisión Europea exige al Govern que «en un plazo máximo de dos meses remita un compromiso claro y firme para rectificar la situación actual» y que precise «las gestiones necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto en los plazos previstos». «Debo finalmente expresarle la reserva que mantengo hasta la recepción de esta documentación», señala la nota llegada el viernes a la Conselleria de Medi Ambient.