La consellera de Obras Públicas del Govern balear, Mabel Cabrer, reconoció ayer ante el Parlament que el Ayuntamiento de Sant Antoni es quién tiene que decidir si legaliza o no la mansión de Michel Cretu en Santa Agnès aplicando la disposición adicional 18, exclusiva para Eivissa, de la controvertida ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad.
Cabrer recordó, en respuesta a la pregunta formulada por la diputada socialista Pilar Costa, que «el Govern no puede legalizar ninguna edificación, puesto que se trata de una competencia municipal». «Si la casa de Cretu está afectada o no por la ley de acompañamiento de los presupuestos es un asunto que analizará el ayuntamiento», subrayó la consellera.
Costa, por su parte, insistió en que el Ejecutivo autonómico ha elaborado una norma a medida para salvar la mansión de Cretu y cuestionó a la consellera si, con ello, el Govern autorizaba al municipio a saltarse el cumplimiento de la sentencia de la demolición, lo cual demostraría una «complicidad inadmisible».
La diputada del PSOE subrayó una vez más que la ley de acompañamientos es anticonstitucional y que el alcalde de Sant Antoni, José Sala, reclamó al PP una reforma legislativa para evitar la demolición de la mansión, que abocaría al Consistorio a la bancarrota.
El ataque de Costa no sentó nada bien a la consellera, que culpó directamente a la ex presidenta y al anterior gobierno del Pacte de la difícil situación urbanística de las Pitiüses. Cabrer recordó que el Pacte incumplió las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) que marcaban un plazo de cuatro años para la aprobación inicial del Plan Territorial Insular (PTI). «Tampoco modificaron las DOT para ampliar este plazo, poniendo en peligro las moratorias», lamentó Cabrer. Sobre la polémica ley de acompañamiento de los presupuestos, la consellera insistió en que, con esta nueva norma, el Govern balear sólo pretende recuperar «las DOT del 99 con una situación muy particular que sufre Eivissa y Formentera» .