«Existe jurisprudencia», recalca. Al parecer, según el letrado, el Ayuntamiento podría defender ante el juez que «la ejecución de la sentencia tendría un resultado infinitamente más perjudicial que beneficioso».Sin ir más lejos, Roig recuerda que existe una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento de Formentera a dar la licencia de obra para el camping de ca Marí, en Formentera, «y se está haciendo lo imposible para dejarla sin efecto». «Parece que la única que se tiene que ejecutar es la de mi defendido», añade el abogado.
Roig reconoce incluso que existen sentencias firmes de otros casos que él mismo ha defendido y que no se han cumplido porque se ha considerado que la existencia de la sentencia en sí era suficiente para reconducir la situación. «Los tribunales, en asuntos de orden económico, han dejado sin efecto muchas sentencias debido al evidente perjuicio que representaría para la administración pública la ejecución de dicha sentencia. No hay que escandalizarse por esta realidad», explica.
Aparte del elevado coste económico que supone la demolición de la mansión, el Ayuntamiento, que dio licencia de obra a Cretu para la construcción de su casa, tendría que hacer frente a una millonaria indemnización que dejaría las arcas municipales en la bancarrota. «El perjuicio lo sabemos todos, y la pregunta inmediata es qué beneficio obtenemos con la demolición. Comprendo que haya un beneficio político, aunque no lo comparta. Y, por si alguien me habla de la repoblación de la montaña , está claro que en las Pitiüses no faltan pinos», indica.
Roig hace especial hincapié en que su defendido levantó su mansión con todos los permisos en regla: «Puedo afirmar rotundamente que no hay ninguna casa en la isla que disponga de tantos permisos, informes favorables y comprobaciones técnicas».