El Ministerio Fiscal fue quien reclamó al juez Juan Carlos Torres la petición de la fianza, cuyo valor responde a la cantidad prevista en el Plan Director de Residuos de las Pitiüses para adaptar ca na Putxa a la normativa medioambiental, como parte del proceso de instrucción de la denuncia presentada en 1989 por la asociación ecologista Sial y que después asumió Hábitat y Basuras en contra de la empresa Herbusa por un presunto delito ecológico.
El juez ha aceptado ahora el recurso presentado posteriormente por Herbusa para evitar el pago de la cuantiosa fianza. El juez reconoce en el auto que la entidad Herbusa ha iniciado actuaciones para acondicionar el vertedero, por lo que entiende que «deberá atenuarse la eficacia de las medidas cautelares impuestas». «No sólo Herbusa sino también la UTE [Unión Temporal de Empresas] adjudicataria de la concesión para la gestión de los residuos urbanos de Eivissa y Formentera ha presentado ante el Consell Insular un proyecto definitivo para el acondicionamiento del vertedero, y esto ya basta en este momento procesal, por lo que no cabe requerir ni ejecutar nada», dicta el juez en su resolución.
Añade, además, que con lo acreditado por Herbusa «no procede ninguna actuación de requerimiento ni apremio porque la finalidad que se pretendía con la medida cautelar está no sólo asegurada, sino extraprocesalmente en curso de satisfacción».