El pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprobó ayer por unanimidad introducir varias modificaciones en la ordenanza reguladora de las autorizaciones para la explotación de los servicios de temporada en las playas del municipio. Uno de los elementos novedosos que se incorpora a este texto, que data de 1997, es el establecimiento de un régimen de sanciones para aquellos concesionarios que incumplan la normativa. De esta forma, el Consistorio considerará infracciones leves actuaciones como la de no prestar el servicio de forma continuada, tener elementos de la autorización en mal estado, no colocar en lugar visible los carteles donde figuran las tarifas o no mantener limpio el espacio concedido. En este caso, se establecerán multas de hasta 225 euros. Asimismo, serán constitutivos de infracción grave excederse del espacio autorizado para la explotación, colocar más elementos de los permitidos, dejar de prestar el servicio durante cinco días consecutivos, construir obras en la zona de dominio público o la reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de un año. La multa podrá llegar hasta los 450 euros. El concejal de Medio Ambiente, Juan Rubio, explicó que se introducen estas modificaciones «porque hasta ahora en caso de infringir la normativa sólo se podía recurrir a la revocación de la licencia, lo que podía ser una medida extremista en algunos casos». Otro de los elementos que se incorpora en la ordenanza es el de otorgar más puntuación a aquellas concesiones que empleen a trabajadores con algún tipo de minusvalía. Según las previsiones del Consistorio, el concurso para otorgar las concesiones se celebrará previsiblemente en enero o febrero próximo.
Por otra parte, equipo de gobierno y oposición acordaron por unanimidad consignar presupuestariamente 250.000 euros para participar en el proyecto 'Turismo sin barreras Easytour', una iniciativa comunitaria que tiene como objetivo hacer una promoción turística sostenible, teniendo en cuenta especialmente a los colectivos con discapacidades. El plan se centra, entre otras cosas, en desarrollar una nueva oferta turística para personas mayores y con algún tipo de minusvalía. Durante el 'pleno de la sobrasada' se aprobó también definitivamente la expropiación del solar de la calle Pedrera número 28, en sa Penya.