El conseller insular de Medi Ambient, Josep Mayans, aclaró ayer que el nuevo Govern balear ha abierto una prórroga de dos años para que los ciudadanos puedan legalizar los pozos de las Pitiüses construidos sin la correspondiente autorización.
Mayans desconoce cuántas perforades ilegales puede haber en Eivissa y Formentera, aunque recordó que en 2001, cuando el anterior gobierno del Pacte abrió un plazo de tres meses para legalizar pozos, hubo 300 solicitudes. La ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad autónoma recoge este nuevo periodo para regularizar las perforades.
Una vez recogida la solicitud, el Consell, según explicó Mayans, hará una inspección al pozo para valorar las necesidades reales de consumo de los beneficiarios. «Se asignará el caudal real», indicó. Los propietarios también tendrán la obligación de instalar un contador para controlar el caudal. El conseller aseguró que sólo los pozos que reúnan todos los requisitos legales pueden utilizarse para el riego del campo, aparte del incremento del valor de tasación de la propiedad. Estas son las ventajas más importantes, según Mayans, para acogerse a la fórmula de legalización de las perforades de la isla. El Consell Insular sólo dispone de dos celadores para controlar la legalidad de los pozos de las Pitiüses.