J. J. M.
La responsable de la secretaría general técnica de la Conselleria de Medi Ambient, Joana Aina Campomar, tras el informe de los agentes forestales, denunció en septiembre de 2002 ante el TSJ de Balears la existencia de esta obra. Todo ello, sin que se tuviera conocimiento alguno de que los trabajos contaran con algún permiso o licencia urbanística.
El fiscal Manuel Campoy remitió al juzgado el resultado de su investigación solicitando entonces la paralización cautelar de la construcción. Días después, el responsable del juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, acordó dicha medida.
La causa terminó ayer viéndose en una vista oral después de que el ministerio público hubiera elevado un escrito de acusación pidiendo hasta un año de prisión y después de que la imputada se reconociera autora de los hechos. Mientras tanto, sin embargo, entró en vigor en Balears la Ley de Medida Tributaria y Administrativa de 22 de diciembre abriendo la puerta a la futura aprobación en el Plan Territorial Insular de Eivissa y Formentera. La nueva normativa, con la que se establecen nuevos parámetros, a su vez, deja a expensas del Ayuntamiento de Sant Josep la cuestión de qué hacer con esta casa. Así todo puede terminar con la completa legalización de la vivienda si, de acuerdo con lo establecido, se considera que el proyecto y la obra cumplen con los requisitos de parcelación y urbanización.