El Partido Popular criticó la última modificación de la norma territorial cautelar (moratoria) que data de enero de 2003, en la pasada legislatura, por la inclusión de los llamados falsos urbanos y ya advirtió entonces al Pacte de que invadía las competencias de los ayuntamientos en materia urbanística. Los seis consellers del PP presentaron un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en contra de la norma que finalmente fue rechazado. El recurso argumentaba que, entre otras cosas, no había sido exhibida toda la documentación en el trámite de información pública.
El TSJ también rechazó los recursos presentados por otras empresas y el Ayuntamiento de Santa Eulària. Las sentencias coincidían en que la norma territorial denunciada es «acorde con el principio de seguridad jurídica» y en que el Consell «no vulneró las competencias municipales», pues ni se subrogó «ni ejerció control» «ni interfirió» en ellas. También se señaló en el texto que no era necesario el dictamen previo del Consell Consultiu, «contrariamente a lo que ocurre en el procedimiento de suspensión del planeamiento general».