«Nos congratulamos por la rápida disposición del president del Govern, Jaume Matas, y del secretario general del PSIB-PSOE, Francesc Antich, para analizar posibles acuerdos y conseguir inversiones estatales para las Islas», afirmó el presidente de CAEB, Josep Oliver, tras reunirse con los responsables de la Federación Hotelera de Mallorca, Asociación de Cadenas Hoteleras, Agrupación de Agencias de Viajes de Balears, Fomento del Turismo de Mallorca, Federación Balear de Transportes, Asociación de Constructores, Asociación de Promotores Inmobiliarios y Afedeco.
Oliver no se pronunció ante la propuesta que anteayer trasladó el president del Govern al secretario general del PSIB-PSOE en la que Matas se mostraba dispuesto a renunciar al proyecto de autovía Inca-Manacor a cambio de una aportación adicional de 180 millones de euros para financiar proyectos viarios. Los empresarios no proponen ninguna infraestructura viaria a financiar con cargo a esta aportación, aunque indican que Balears no debe renunciar a ella.
En materia de carreteras, las patronales entienden que el nuevo Gobierno debe garantizar la financiación de todos los proyectos inscritos en el convenio vigente, incluido el segundo cinturón, aunque se muestran de acuerdo con la posibilidad de posponer la construcción de la autovía Inca Manacor «hasta otras legislaturas». Solicitan al futuro Ejecutivo socialista, e todo caso, que no paralice las obras ya adjudicadas.Las asociaciones empresariales consideran que el próximo Gobierno socialista debe garantizar el suministro energético de Balears, «en cantidad, calidad y precio», apostando por el gasoducto y el cable eléctrico como fórmulas para asegurar la productividad y competitividad de la actividad económica en el archipiélago.
Los empresarios de Balears exigieron también al futuro Gobierno socialista el desarrollo la Ley de Régimen Especial de Balears (REB) para paliar «el déficit histórico» que mantiene el archipiélago con el Estado. Entre las propuestas concretas, las patronales apuntaron la necesidad de conseguir precios aéreos «razonables», la extensión del servicio público a las conexiones con la Península, vuelos con reactores, así como la cogestión de los aeropuertos de Balears.
Solicitaron también ayudas para fomentar la competitividad empresarial y el impulso a la investigación y desarrollo (I+D) en las Islas.