E. RODRÍGUEZ/G.ROMANÍ
El Pacte califica de «barbaridad» las declaraciones realizadas por
el nuevo conseller ejecutivo de Urbanisme, José Torres, en la
entrevista publicada ayer por este periódico, y en las que afirma
que el nuevo Plan Territorial Insular (PTI) debe «legalizarlo todo
y hacer tabla rasa». «Si dejamos cosas fuera de ordenación, no
podremos tener una norma clara», dijo Torres en la entrevista. Los
progresistas no están dispuestos a apoyar un Plan Territorial que
sirva para legalizar las infracciones urbanísticas cometidas en el
pasado.
Pilar Costa, portavoz del Pacte.Sostiene que las declaraciones del nuevo conseller ejecutivo, al que califica de «irresponsable», «rozan la ilegalidad». Costa asegura que si la redacción del PTI se plantea con esta mentalidad, «¿quién garantiza que más adelante pueda volver a pasar lo mismo?». La portavoz del Pacte insiste en que el PP «intenta tapar las ilegalidades cometidas por los ayuntamientos del PP» y advierte de que esta política «da inseguridad y falta de confianza de los ciudadanos». Recuerda, además, la promesa, por ahora incumplida, del presidente Palau de consensuar la política territorial: «Han pasado nueve meses, dicen que a finales de verano el PTI va a salir a exposición pública y nosotros aún no sabemos nada. No es normal. Doy mi voto de confianza para que nos convoquen a una reunión». «El conseller dice que el PTI será la Constitución de las Pitiüses», recalca Costa, «y recuerdo que la Constitución se aprobó en su día por unanimidad».
Vicent Tur, presidente del PSOE de las Pitiüses. Tur piensa que el conseller ha intentado ser «prudente» en sus declaraciones y que no ha concretado mucho. Entiende, al igual que Costa, que el PTI no puede servir para «legalizar irregularidades flagrantes», aunque, por otra parte, mantiene que hay que «dar salida al máximo de cosas», incluidas algunas que están fuera de ordenación. «Hay que estudiar caso por caso», dice.
Tur culpa a «la herencia de la gestión irresponsable del PP» muchas de las situaciones urbanísticas actuales que, según él, no se pueden trasladar a los propietarios. «Hay que buscar una solución», indica. Recuerda, además, que el «caos urbanístico actual» se debe, entre otras cosas, a la cantidad de normativa dispersa existente, que incluso dificulta su aplicación. «Lo hace casi imposible», matiza.