M. ALVITE / E.RODRÍGUEZ
Los concejales de Urbanismo de los ayuntamientos de la isla
coinciden en la necesidad de que el Plan Territorial debe dar
cobertura legal a muchas edificaciones construidas fuera de
ordenación, aunque la mayoría matiza: «Hay que estudiar caso por
caso», y en ningún caso legalizar irregularidades urbanísticas
flagrantes.
Vicent Torres, concejal de Urbanismo de Eivissa. El responsable de Urbanismo del único ayuntamiento de la isla gobernado por el Pacte considera muy desafortunadas las manifestaciones del nuevo conseller ejecutivo y considera muy negativo que la máxima institución pitiusa quiera hacer «tabla rasa con todo lo que urbanísticamente está mal hecho».
José Sala, alcalde de Sant Antoni. A Sala no le parece mal la idea del nuevo conseller ejecutivo de Urbanismo, aunque entiende que «muchas edificaciones nunca serán legalizables». Se refiere, por ejemplo, a aquellas que ocupan lugares que deben ser considerados de especial protección u otras que ocupan viales públicos.
De todos modos, el alcalde de Sant Antoni advierte de que «el PTI no tendrá rango suficiente para legalizar edificaciones» y que para ello habrá que adoptar «alguna medida legislativa». También matiza que la legalización de construcciones supondrá «la presentación de proyectos de legalización, el pago de tasas y sanciones y la reparación de los posibles daños medioambientales».
José Marí Ribas, concejal de Urbanismo de Sant Josep. Considera que el urbanismo de las Pitiüses se encuentra en una situación de transición «en la que convendría ser un poco magnánimo pero no hasta el punto de aplicar tabla rasa». «Hacerlo no creo que sea prudente», añade, puntualizando que «se debe respetar prácticamente todo lo que está hecho». El concejal reconoce que no se le puede dar salida a todo lo que está fuera de ordenación «pero tampoco se puede retroceder» y «tirar todo lo que está construido en estas condiciones». «Lo que hay que procurar es que las cosas se hagan correctamente a partir de la aprobación del nuevo Plan Territorial Insular», explica.
Vicent Riera, concejal de Urbanismo de Santa Eulària. No quiere opinar sobre las manifestaciones del conseller ejecutivo de Urbanismo, José Torres, aunque resalta la necesidad de que el Plan Territorial se apruebe cuanto antes.
Antoni Marí 'Carraca', alcalde de Sant Joan. Marí no sabe si la medida anunciada por el nuevo conseller de Urbanismo es la más adecuada y asegura que «hay que estudiar caso por caso». Recuerda, además, que la administración «carece de los medios necesarios para hacer cumplir la ley de disciplina urbanística». Sobre la legalización de viviendas fuera de ordenación, dice a modo de símil: «No es lo mismo matar a una persona que darle dos tortas». Así entiende que, al igual que Sala, hay edificaciones que pueden y deben ser legalizadas y que «hay que trabajar sin tener la vista fijada en el pasado». «Soy partidario de una solución mixta», matiza el alcalde, que entiende que los que han incumplido la ley tienen que compensar su falta para evitar un agravio con los que sí han actuado dentro de la legalidad.