El conseller d'Educació del Govern balear, Francesc Fiol, expresó ayer su convencimiento de que los nuevos criterios de admisión en los centros públicos y concertados, así como la división de Palma en tres zonas (frente las ocho actuales) ayudará a evitar «guetos» escolares y que la nueva población tendrá las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía.
Fue la principal novedad de la comparecencia del conseller ante los medios informativos tras la reunión del Consell de Govern que introduce nuevos baremos a la hora de optar al centro escolar y del que Ultima Hora ha venido informado en los últimos días. Se introducen varias novedades, una de las más importantes la que equipara el domicilio familiar con el domicilio laboral.
En relación a si esta nueva división supondrá ventajas para los nuevos venidos, es decir la población emigrante, señaló que «es un paso para evitar la creación de eso que algunos llaman guetos educativos en determinadas zonas más problemáticas»,
Para el conseller, sin embargo, uno de los aspectos más destacos de la normativa es que el nuevo procedimiento «nos permite ir avanzando hacia la libre elección de centro, que es un compromiso para el final de la legislatura».El proceso de solicitud de plaza para el próximo curso comenzará el 13 de mayo, concretó el titular de Educación, quien añadió que el decreto establece varios criterios complementarios que permiten al centro añadir un punto adicional a la solicitud y fija una nueva zonificación en Palma.
Por otra parte, el Ejecutivo también aprobó ayer un decreto que su portavoz, Joan Flaquer, calificó de «pionero» para asegurar el acceso al empleo público, ya sea para personal funcionario como para interinos, del colectivo de personas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Pese a existir ya una cuota de reserva del 5 por ciento de la oferta anual de empleo público para los discapacitados, Flaquer subrayó que la experiencia demuestra la falta de una regulación que dé solución a toda una serie de problemas que han surgido en la aplicación de la normativa. Con el decreto aprobado se regula el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Administración de la Comunidad, con el establecimiento de un tratamiento diferenciado en función del tipo de minusvalía. De la nueva norma, destaca la creación de una reserva de puestos de trabajo especial, del 0,5 por ciento, para las personas con un retraso mental moderado, límite o leve, o con sordera profunda, severa o medio. También fija la nueva norma un trato diferenciado en los tipos de pruebas que deben superar los aspirantes. El decreto prevé la creación de un consejo asesor para la integración laboral de personas con discapacidad.