La delegada del Ibavi (organismo que gestiona las viviendas de protección oficial) en Eivissa, Virtudes Marí, aplaudió ayer las medidas que ha tomado el Govern balear para evitar la venta fraudulenta de pisos subvencionados por la administración pública. Hay que recordar que estos pisos se conceden después de una ardua selección el la que debe quedar demostrada la necesidad objetiva de la vivienda. Cualquier especulación con el piso obtenido contradice el principio básico del proceso de concesión de una vivienda de protección oficial.
«Una persona que quiera vender su piso protegido tiene que pedir la autorización correspondiente, porque de lo contrario no podrá solicitar una escritura», explicó la responsable. El Ibavi atiende todos los casos en los que se solicita la venta. «Lo que es más complicado -matiza Virtudes Marí- es controlar la venta de las viviendas de protección oficial donde el promotor no es el Ibavi sino una constructora particular». Marí recordó que no se pueden vender estos pisos hasta pasados 10 años desde su adquisición y siempre con un precio límite. La responsable del Ibavi reconoce que en Eivissa ha habido intentos de venta de este tipo de viviendas mucho antes del plazo límite. «Las notarías suelen controlar este tema a la hora de hacer una escritura pública», señaló Marí que destacó también que el Ibavi va a ejercitar el derecho de tanteo, es decir, que si sale a la venta un piso de protección oficial «la institución tendrá un derecho preferente de compra en las condiciones en la que el vendedor dice que la va a sacar al mercado» con el fin de evitar «las ventas en negro y el fraude».
Hay casos también de alquiler fraudulento de viviendas de protección oficial, hecho ante el que el Ibavi actúa dando cuenta a la Dirección General de la Vivienda.
El Ibavi explica que hay viviendas que antiguamente eran de protección oficial pero que, con el paso de los años, dejan de serlo y se quedan desclasificadas, por lo que es posible alquilarlas. Para poder alquilar una de estas viviendas «habría que pedir una desclasificación y después funcionaría como una vivienda libre», detalló.